La industria alimentaria española considera que el Real Decreto de Envases y Residuos en el que trabaja el Gobierno contiene varias exigencias “inasumibles” para el sector, como la de financiar el coste de gestionar los embalajes abandonados en la naturaleza o de limpiar las calles.

Así lo ha trasladado la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB) a la subdirectora general de Economía Circular del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Margarita Ruiz, en un acto en el que también han estado presentes otros responsables del sector (Fuente).

UCCL ha trasladado la necesidad que se desarrolle normativamente el Reglamento de Ejecución (UE) nº 1337/2013, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 1169/2011 en lo que se refiere a la indicación del país de origen o del lugar de procedencia para la carne fresca, refrigerada o congelada de ovino y caprino, que entró en vigor a partir del 1 de abril de 2015. Además, se ha reclamado la necesidad de poner en valor nuestra producción y hacer referencia al tipo de alimentación, raza e incluso manejo en el etiquetaje (Fuente).

Los términos de la reglamentación, el cumplimiento de los plazos y las supuestas complicaciones vinculadas a la adaptación, el intercambio comercial con el exterior o incluso a la libertad de expresión son algunos de los puntos de fricción en la etapa de implementación, que en otros países han terminado incluso en la Justicia (Fuente).

La CIOA es un órgano colegiado para coordinar y armonizar la regulación de la legislación alimentaria. Sus informes tienen carácter preceptivo en los aspectos técnicos, sanitarios, de comercialización y de protección al consumidor en el ámbito de la ordenación alimentaria. La CIOA está adscrita a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Fuente).

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La alimentación es un Derecho Humano, y así fue proclamada en la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948). Bajo esa premisa, desde marzo de este año, el Grupo Transdisciplinario para la Obesidad de Poblaciones (GTOP) de la Universidad de Chile, junto al apoyo de académicos y académicas de diferentes disciplinas de la Casa de Bello, elaboró una serie de instancias de diálogo y reflexión que tuvo como objetivo final generar una propuesta constitucional que contemple el derecho a la alimentación en la nueva Constitución, que prontamente se comenzará a escribir en las salas del Ex Congreso Nacional (Fuente).